Por : ALFREDO DEL VALLE
En los últimos días, la República Dominicana ha sido sacudida por una serie de hechos trágicos que ponen en evidencia una preocupante situación social que no puede seguir pasando desapercibida. En apenas tres días, unas 12 personas perdieron la vida en circunstancias violentas y accidentes de tránsito, generando un panorama de luto e incertidumbre en distintas comunidades del país.
Entre los sucesos más destacados se cuentan: tres fallecidos en Santo Domingo Oeste por asuntos relacionados con drogas; tres personas muertas en Nagua tras una disputa en un negocio de comida rápida; el arresto de dos jóvenes acusados de violar a una adolescente en San Francisco de Macorís; y el homicidio de una mujer a manos de seis jóvenes en el municipio Villa González, provincia Santiago.
Cabe resaltar que uno de los jóvenes fallecidos en los hechos vinculados al narcotráfico en Santo Domingo estuvo involucrado en el atentado contra el exbeisbolista David Ortiz (Big Papi). Este individuo, según los registros judiciales, debió estar cumpliendo una condena de 10 años de prisión, lo que genera serias interrogantes sobre cómo y por qué se encontraba en libertad. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de explicar este grave descuido del sistema judicial y penitenciario, ya que la impunidad y la falta de control alimentan la violencia que hoy enluta a tantas familias dominicanas.
A estos hechos se suma un lamentable accidente ocurrido cuando un camión compactador de basura, conducido por un chofer en estado de embriaguez, impactó contra una camioneta en la que viajaban varias personas que regresaban de una actividad religiosa, dejando un saldo de seis fallecidos y al menos 12 heridos.
Estos acontecimientos no solo evidencian un incremento en los niveles de violencia y accidentes de tránsito, sino que también levantan serias interrogantes sobre la situación de la salud mental, la falta de control social y la debilidad en la prevención por parte de las autoridades y de la propia sociedad.
De acuerdo con las estadísticas, en lo que va del año 2025, 1,086 personas han muerto y más de 56,000 han resultado heridas en accidentes de tránsito en el país. Estas cifras son alarmantes y exigen la atención inmediata de las autoridades, las organizaciones sociales, las iglesias y los distintos sectores comunitarios.
No se trata únicamente de contabilizar muertes y heridos, sino de reflexionar como sociedad sobre qué está ocurriendo y por qué cada vez más dominicanos se ven envueltos en hechos de violencia y tragedias. Es urgente convocar a charlas, conferencias y encuentros comunitarios que aborden la salud mental, la prevención de la violencia, la educación vial y el fortalecimiento de los valores familiares y sociales.
La República Dominicana está atravesando un momento crítico que debe ser atendido con responsabilidad. La indiferencia no es una opción: algo está pasando y es deber de todos –autoridades, instituciones, familias y ciudadanos– unirse para buscar soluciones concretas que eviten que estas trágicas cifras continúen aumentando.
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