Por : Alfredo Del Valle
Es profundamente alarmante la manera en que algunos directores de comunicación estratégica —tanto en el sector público como en el privado— han convertido sus cargos en plataformas de enriquecimiento personal, en lugar de cumplir con su función ética de informar, construir confianza y fortalecer la institucionalidad.
Estos individuos, lejos de ejercer con responsabilidad, han optado por una ruta perversa: crear empresas publicitarias fantasma, con el único objetivo de canalizar contratos amañados, desviar fondos y simular servicios. Así, convierten la gestión comunicacional en un entramado oscuro, donde la ética profesional es reemplazada por la codicia.
Lo más indignante es que muchos de ellos, tras dejar sus cargos, fundan sus propias agencias para luego “ser contratados” por las mismas instituciones en las que antes tomaban decisiones. Se trata de un circuito cerrado de intereses, alimentado por la falta de controles y el silencio cómplice de quienes prefieren mirar hacia otro lado.
No estamos hablando de errores administrativos ni de prácticas cuestionables. Estamos hablando de corrupción estructurada, premeditada y sostenida en el tiempo. De un modelo perverso que desvía recursos públicos o institucionales hacia bolsillos privados, usando como fachada el lenguaje técnico de la publicidad y la comunicación.
Estos casos no solo afectan presupuestos: erosionan la credibilidad institucional, degradan el valor de la comunicación como herramienta de servicio y debilitan los principios democráticos de transparencia y responsabilidad.
Y como si no fuera suficiente, estos mismos directores recurren al uso de testaferros para encubrir su participación real en las empresas publicitarias falsas, delegando formalmente la propiedad a terceros que fungen como simples fachadas. Es una maniobra cobarde, diseñada para evadir la ley y perpetuar la impunidad.
Este tipo de prácticas debe ser investigado con rigor y sancionado con firmeza. La comunicación institucional no puede seguir siendo un canal para el saqueo encubierto ni un trampolín para el lucro ilícito. La ética, la transparencia y el bien común deben volver a ser el eje de toda gestión comunicacional.
Y si a alguien le calza este zapato… que se lo ponga.
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